🔎 Prevención del blanqueo de capitales (BC/FT/FPADM)

1. Según el glosario del Acuerdo 2 de 2026, ¿qué es el beneficiario final?

1. La persona natural que en última instancia posee, controla o se beneficia del contrato de seguro
2. La persona natural o jurídica que firma el contrato de seguro y se obliga a pagar la prima
3. La persona sobre quien recae el riesgo que se cede a la aseguradora mediante el contrato
4. La persona designada expresamente en el contrato de seguro para recibir la indemnización

El glosario del Acuerdo 2 de 2026 define al beneficiario final como la persona natural que, en última instancia, posee, controla o se beneficia del contrato de seguro, aun si la póliza está a nombre de otra persona o entidad. La persona designada para recibir la indemnización es el beneficiario de seguro, otro término del mismo glosario; quien firma y paga la prima es el contratante; y aquel sobre quien recae el riesgo es el asegurado.

2. Según el glosario del Acuerdo 2 de 2026, ¿en qué consiste la evaluación basada en riesgo de prevención de BC/FT/FPADM?

1. En una herramienta que mide el nivel de riesgo inherente y la efectividad de los controles aplicados
2. En identificar, evaluar y comprender los riesgos de BC/FT/FPADM de clientes, zonas, productos y canales
3. En los controles internos que se establecen para reducir la exposición a los riesgos ya cuantificados
4. En el conjunto de características que definen la situación económica de una persona o empresa

El glosario del Acuerdo 2 de 2026 define la evaluación basada en riesgo como el proceso por el cual los sujetos obligados identifican, evalúan y comprenden sus riesgos de BC/FT/FPADM relacionados con clientes, zonas geográficas, productos, servicios y canales de distribución o comercialización. La herramienta que mide el riesgo inherente y la efectividad de los controles es la matriz de riesgo, los controles que reducen la exposición son los mitigadores y el conjunto de características económicas de la persona es el perfil financiero.

3. Según el Acuerdo 2 de 2026, ¿quién es el Enlace Responsable cuando el corredor de seguros es persona natural?

1. El propio corredor de seguros, persona natural, como sujeto obligado del sector seguros
2. Un Oficial de Cumplimiento que trabaje en exclusiva y a tiempo completo para el corredor
3. El Auditor Interno designado por la Junta Directiva de una aseguradora vinculada
4. Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero asignado por la Superintendencia

El artículo 4 del Acuerdo 2 de 2026 dispone que el sujeto obligado persona natural, como el corredor de seguros, es él mismo el Enlace Responsable ante la Superintendencia y la UAF. La figura del Oficial de Cumplimiento exclusivo y a tiempo completo corresponde a las aseguradoras (artículo 4 del Acuerdo 7 de 2025). El Auditor Interno está entre quienes no pueden ser Enlace Responsable (artículo 10), y la UAF es la destinataria de los reportes, no quien actúa como enlace del corredor.

4. Según el artículo 2 del Acuerdo 2 de 2026, ¿cuál de los siguientes NO es un sujeto regulado del Grupo B?

1. Los corredores de seguros y de reaseguros
2. Las compañías de seguros y de reaseguros
3. Las administradoras de corredores de seguros
4. Los ajustadores y los inspectores de averías

El artículo 2 del Acuerdo 2 de 2026 reserva el Grupo A a las compañías de seguros y de reaseguros; esas compañías son por tanto las que no pertenecen al Grupo B. Los corredores de seguros y de reaseguros, las administradoras de corredores de seguros y los ajustadores e inspectores de averías figuran expresamente en el Grupo B, junto con los agentes de seguros, los ejecutivos de cuentas o de ventas, las administradoras de aseguradoras cautivas y las administradoras de reaseguros.

5. Según el Acuerdo 2 de 2026, si se reemplaza al Enlace Responsable de un sujeto obligado persona jurídica, ¿en qué término debe notificarse a la Superintendencia la designación del nuevo enlace?

1. Quince días hábiles desde la separación del cargo
2. Diez días hábiles desde la separación del cargo
3. Cinco días hábiles desde la separación del cargo
4. Veinte días hábiles desde la separación del cargo

El artículo 7 del Acuerdo 2 de 2026 exige notificar a la Superintendencia el reemplazo y la designación del nuevo Enlace Responsable en un término de cinco días hábiles contados desde la fecha de la separación del cargo. Los plazos de diez, quince o veinte días hábiles no figuran en ese artículo.

6. Según el Acuerdo 2 de 2026, los formularios de operaciones en efectivo deben enviarse a la UAF dentro de los primeros días hábiles de cada mes. ¿Cuántos días hábiles se fijan?

1. Tres días hábiles
2. Diez días hábiles
3. Siete días hábiles
4. Cinco días hábiles

El artículo 12 del Acuerdo 2 de 2026 manda enviar los formularios de operaciones en efectivo directamente a la Unidad de Análisis Financiero dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes, por los medios que ella señale. Tres, cinco o siete días hábiles no son el plazo previsto en el artículo.

7. Según el artículo 10 del Acuerdo 2 de 2026, ¿quién NO puede ser designado Enlace Responsable?

1. Quien mantenga licencia vigente otorgada por la Superintendencia
2. Quien participe en capacitaciones sobre prevención de BC/FT/FPADM
3. Quien labore como Auditor Interno del propio sujeto obligado del sector seguros
4. Quien acredite conocimientos generales en evaluación y administración de riesgos

El artículo 10 del Acuerdo 2 de 2026 declara incompatible con el cargo, entre otros, a quien labore como Auditor Interno del propio sujeto obligado del sector seguros. Mantener licencia vigente es un requisito de la persona natural (artículo 5), participar en capacitaciones es una de sus funciones (artículos 6 y 9) y acreditar conocimientos en gestión de riesgos es un requisito de la persona jurídica (artículo 8), de modo que ninguno de esos tres supuestos lo impide.

8. Según el glosario del Acuerdo 7 de 2025, ¿qué es una persona expuesta políticamente (PEP)?

1. Persona natural que en última instancia posee o controla el contrato de seguro, aunque la póliza esté a nombre de otro
2. Cliente cuyas operaciones no son cónsonas con el perfil financiero que declaró en la debida diligencia
3. Contratante constituido o domiciliado en un país, territorio o jurisdicción calificado de alto riesgo
4. Persona nacional o extranjera que cumple funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando o jurisdicción en un Estado

El artículo 3 del Acuerdo 7 de 2025 define a la PEP como la persona nacional o extranjera que cumple funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando o jurisdicción en un Estado, y también a quienes ejercen funciones importantes en una organización internacional. La persona que posee o controla el contrato es el beneficiario final, el cliente con operaciones que no encajan en su perfil origina una operación inusual, y el domicilio en una jurisdicción de alto riesgo es otro criterio de riesgo distinto.

9. Corretaje Bahía, S.A. envió a la UAF un reporte de operación sospechosa sobre un cliente, el señor Batista. Él llama y pregunta si lo reportaron. Según el artículo 13 del Acuerdo 2 de 2026, ¿qué debe hacer la sociedad corredora?

1. Informárselo si él lo solicita por escrito dirigido a la Superintendencia
2. Confirmárselo, porque el cliente tiene derecho a conocer los reportes sobre su persona
3. Informárselo pasados treinta días, cuando la UAF haya terminado su análisis
4. No revelarle el envío del reporte y mantener la reserva de la información

El artículo 13 del Acuerdo 2 de 2026 prohíbe a los sujetos obligados dar a conocer al consumidor o a terceros la información que les haya sido solicitada o proporcionada, incluido el envío de un reporte de operación sospechosa a la UAF. No hay un derecho del cliente a conocer el reporte, ni un plazo de treinta días tras el cual se levante la reserva, ni una solicitud escrita que la excepcione.

10. A la señora Quintero, de riesgo bajo documentado, Seguros Istmo Azul, S.A. le aplicó debida diligencia simplificada. Meses después, su póliza registra movimientos que no guardan relación con su actividad declarada. Según el Decreto Ejecutivo 35 de 2022, ¿qué procede?

1. Mantener la simplificada hasta la próxima revisión periódica de sus datos
2. Limitarse a reducir la frecuencia de actualización de su identificación
3. Dejar de aplicar la simplificada y evaluar medidas ampliadas o reforzadas
4. Cancelar de inmediato la póliza, sin analizar la operación detectada

Según el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 35 de 2022, la debida diligencia simplificada no puede aplicarse cuando concurran o surjan operaciones inusuales que puedan estar relacionadas con el blanqueo, y el sujeto obligado debe evaluar en el seguimiento si las medidas deben ampliarse o reforzarse. Mantener la simplificada hasta una revisión periódica contradice esa regla, reducir la frecuencia de actualización es precisamente una medida simplificada, y cancelar la póliza sin analizar la operación omite el análisis que exige el artículo 23.

11. Según el artículo 18 del Acuerdo 7 de 2025, ¿a partir de qué porcentaje de las acciones o derechos de voto se identifica a un accionista para determinar el beneficiario final de una persona jurídica?

1. El 5 % o más de las acciones
2. El 10 % o más de las acciones
3. El 20 % o más de las acciones
4. El 25 % o más de las acciones

El artículo 18 del Acuerdo 7 de 2025 exige identificar a los accionistas que posean un porcentaje igual o mayor al diez por ciento de las acciones o de los derechos de voto de la persona jurídica. Los umbrales de 5 %, 20 % o 25 % no son los que fija ese artículo.

12. Según el artículo 17 del Acuerdo 7 de 2025, la aseguradora debe tratar como de alto riesgo al contratante cuyas operaciones en efectivo sin justificación sumen, al finalizar el día o la semana, un total igual o mayor a:

1. B/. 10,000.00
2. B/. 5,000.00
3. B/. 15,000.00
4. B/. 25,000.00

El literal b del artículo 17 del Acuerdo 7 de 2025 considera de alto riesgo, con medidas de debida diligencia ampliada, al contratante cuyas operaciones en efectivo sin justificación sumen en total B/. 10,000.00 o más al finalizar el día o la semana. Los montos de B/. 5,000.00, B/. 15,000.00 y B/. 25,000.00 no son el umbral que fija ese literal. Monto del Acuerdo 7 de 2025 (Gaceta Oficial 30421-B de 10 de diciembre de 2025), vigente al 4 de enero de 2027 y revisable.

13. La señora Quintero, docente de perfil financiero modesto, paga a Seguros Istmo Azul, S.A. una prima única muy superior a sus ingresos y, tras pedírsele una explicación, no ofrece ninguna razonable. Según el Decreto Ejecutivo 35 de 2022, ¿qué debe hacer el sujeto obligado tras analizar la operación inusual?

1. Esperar a que el pago supere el umbral de efectivo antes de enviar el reporte a la UAF
2. Dejar constancia en el expediente y reportarla de inmediato a la UAF como operación sospechosa
3. Reportarla a la Superintendencia, que decidirá si informa a la UAF sobre la operación
4. Archivarla sin reporte, porque la prima la pagó la propia contratante de la póliza

Según los artículos 23 y 25 del Decreto Ejecutivo 35 de 2022, la operación inusual sin explicación razonable debe documentarse en el expediente y, si se sospecha de blanqueo, reportarse inmediatamente a la UAF como operación sospechosa, con independencia del monto. No se espera un umbral de efectivo, el reporte se envía directamente a la UAF y no a través de la Superintendencia, y que pague la propia contratante no elimina la sospecha.

14. ¿Cuál NO es una función mínima del Enlace Responsable según el Acuerdo 2 de 2026?

1. Participar en capacitaciones sobre prevención de los riesgos de BC/FT/FPADM
2. Apoyar la actualización de los expedientes de consumidores de seguros del Grupo A
3. Imponer sanciones administrativas a los sujetos obligados que incumplan la prevención
4. Notificar a la Unidad de Análisis Financiero los reportes que esta establezca

Las funciones mínimas del Enlace Responsable (artículos 6 y 9 del Acuerdo 2 de 2026) son participar en capacitaciones, apoyar la actualización de datos de los expedientes de los consumidores del Grupo A y notificar a la UAF los reportes que esta establezca. Imponer sanciones no le corresponde: según el artículo 14, las sanciones administrativas por incumplir la prevención de BC/FT/FPADM las impone la Superintendencia.

15. Según el artículo 19 del Acuerdo 7 de 2025, ¿qué deben adoptar las aseguradoras y reaseguradoras respecto del cliente que es una persona expuesta políticamente?

1. Debida diligencia simplificada, con aviso posterior a la Superintendencia
2. Debida diligencia básica, con aprobación del Oficial de Cumplimiento
3. Debida diligencia ampliada o reforzada, con aprobación del Gerente General
4. Debida diligencia ampliada o reforzada, con aprobación del Oficial de Cumplimiento

El artículo 19 del Acuerdo 7 de 2025, que según su artículo 1 rige a las aseguradoras y reaseguradoras, ordena adoptar debida diligencia ampliada o reforzada, junto con la aprobación del Gerente General, para los clientes PEP nacionales y extranjeros, por considerarlos de alto riesgo. La simplificada con aviso posterior a la Superintendencia y la básica no bastan para ese perfil, y la aprobación no corresponde al Oficial de Cumplimiento, que según el artículo 4 del Acuerdo 7 de 2025 actúa como enlace ante la Superintendencia y la UAF. El artículo 20 añade que no se puede discriminar a una PEP que cumpla la debida diligencia ampliada y los criterios de apetito y selección de riesgo del sujeto obligado.